Parlamento Europeo: diseñando un futuro para políticas de drogas en el ámbito urbano

El consumo ilícito de sustancias representa un reto permanente para la salud pública en el contexto urbano, lo que exige el desarrollo de políticas eficaces y basadas en pruebas. En lo que se refiere a la reducción de los daños, el tratamiento de la dependencia y de la adicción (cuando fuera necesario), así como la prevención y educación sobre los enfoques basados en la aplicación de la ley tienen un enorme potencial para mejorar no solo la vida de las personas consumidoras, sino la salud pública de la sociedad en su conjunto. Al comprender que el entorno urbano actúa como un microcosmos que propicia la expansión del mercado ilícito de drogas, las intervenciones basadas en la evidencia deben ser constantemente sometidas a vigilancia y evaluación para  transferir las políticas del ámbito municipal al regional, después al nacional y, finalmente, al internacional.

Los efectos deletéreos que conllevan criminalizar a las personas que consumen drogas y negar intervenciones sanitarias específicas son irrefutables. Esto ha dado lugar a innumerables consecuencias negativas, como la propagación de virus transmitidos por la sangre y otras enfermedades infecciosas o la restricción al acceso de oportunidades laborales y educativas que sufren algunas personas, entre otras. Las políticas que abordan el uso de drogas y que se basan en los derechos humanos, en la evidencia y en la solidaridad, mejoran notablemente la salud pública y garantizan la seguridad de las comunidades.

Retomando la Declaración de Praga, la idea de un mundo libre de drogas es poco realista. El consumo de este tipo de sustancias ha existido en todas las sociedades desde hace milenios y continuará existiendo, con sus aspectos negativos y positivos. La concepción de métodos para reducir al mínimo los efectos adversos del tráfico y consumo de drogas es un enfoque más realista y pragmático.

Nosotros/as, los firmantes de la Declaración de Varsovia, solicitamos lo siguiente:

1. Los roles y responsabilidades de las agencias gubernamentales locales deben quedar claramente definidos de cara a desarrollar e implementar las políticas y los programas sobre drogas basadas en evidencia a nivel local. Deben celebrarse reuniones periódicas y formales con todos/as los/as responsables locales pertinentes durante todo el proceso de creación de foros específicos y durante las fases de ejecución. Esto garantizará la existencia de alianzas efectivas entre las autoridades locales, los grupos comunitarios y religiosos, los profesionales que trabajan en campos afines, los proveedores de servicios, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas, como las personas consumidoras. El/la encargado/a de coordinar este proceso ha de ser un/a funcionario/a o entidad local con experiencia destacada.
2. Los distritos locales deben seguir liderando la experimentación con políticas, programas y servicios de drogas innovadores y basados en la evidencia que responden de manera pragmática a las necesidades de la población local. Las experiencias de Frankfurt, Zurich, Lisboa y Vancouver, entre otras ciudades, destacan los enormes beneficios que los programas innovadores —por ejemplo, los centros de reducción de daños— pueden suponer para potenciar una mejora de la salud y la seguridad pública. La innovación en materia de políticas a nivel local, nacional e internacional debe ser comunicada por todas las partes interesadas incluyendo, aunque no exclusivamente, a funcionarios/as locales y agentes de la ley, a proveedores de salud y servicios, a la sociedad civil, a las comunidades afectadas y a la comunidad académica.
3. La policía y otras agencias de aplicación de la ley no deben centrarse en las personas consumidoras por la simple posesión de pequeñas cantidades de medicamentos destinados al uso personal. Deberían revisarse los indicadores del éxito de la vigilancia policial con el objetivo de eliminar el foco que existe sobre los delincuentes de bajo perfil relacionados con la droga y de mejorar los resultados en cuanto a la salud pública, reconociendo que esto, a su vez, se traduciría en progresos para la seguridad pública. En este sentido, se debería diseñar una guía que regule las acciones de vigilancia de las agencias de aplicación de la ley, así como deberían establecerse mecanismos efectivos de cooperación entre las agencias de aplicación de la ley y los proveedores de servicios sanitarios y sociales. Los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley deben estar adecuadamente capacitados y sensibilizados sobre la mejor manera de responder antes situaciones de consumo de drogas, de drogodependencia y/o de adicción, y estar, asimismo, debidamente informados sobre la disponibilidad de programas de prevención y educación, de servicios de reducción de daños y de servicios sociales dirigidos a consumidores, si se requiriesen.
4. Se deben adoptar mecanismos a nivel local que salvaguarden los derechos humanos de las personas consumidoras, en particular a través de mecanismos ya funcionales como la oficina del Defensor del Pueblo. Estos derechos incluyen —sin limitarse a— el derecho a una excelente preservación de la salud física y mental, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser objeto de discriminación, el derecho a no sufrir tortura, el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser detenido/a arbitrariamente.
5. Un amplio abanico de servicios sociales y sanitarios, dentro de los cuales se incluyen programas de reducción de daños, debería estar disponible para abarcar las diferentes características, necesidades, preferencias y circunstancias de las personas consumidoras. El tratamiento se proporcionará bajo permiso estrictamente voluntario, y cualquier iniciativa de prevención debe estar basada en la evidencia. Estos programas deberían desarrollarse de conformidad con los principios de los derechos humanos y los mínimos de calidad exigidos por la UE para la reducción de la demanda. Los gobiernos locales deben combatir enérgicamente el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las personas afectadas al acceder a los programas sociales y sanitarios, y establecer también mecanismos que aseguren a los individuos el acceso ininterrumpido a estas vías a medida que sus circunstancias cambien. Y no solo se trata de accesibilidad. Los programas deben, además, responder a las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, las mujeres, las minorías étnicas, las personas migrantes, las trabajadoras sexuales y el colectivo LGBTQ. En la tarea que es la difusión de la información se habrá de eludir la aprensión y la estigmatización, y deberá ésta basarse en la dignidad de la persona y utilizar para ello, entre otras iniciativas, la educación cooperativa.
6. Los municipios deben crear reglamentos y directrices para mejorar la seguridad en el consumo de sustancias en los ambientes nocturnos y en contextos recreativos, y ayudar a fomentar la cooperación entre actores del sector privado, la sociedad civil, las autoridades locales, los mismos consumidores y las fuerzas policiales. Estos reglamentos y directrices deben garantizar que los propietarios de clubes y los organizadores de fiestas locales, festivales y otros eventos puedan ofrecer un paquete integral de servicios para prevenir y reducir los daños y garantizar la seguridad; por ejemplo, control de drogas, intervenciones basadas en pares, información sobre uso más seguro y acceso a agua potable fría. Los propietarios de clubes y los organizadores de eventos deben trabajar para proporcionar formación a los miembros del personal sobre cómo trabajar con personas que consumen drogas en estos entornos.
7. Los gobiernos municipales deben comprometerse a asignar fondos sostenibles para servicios y programas de reducción de daños, tratamiento, iniciativas de reintegración, programas de prevención y educación sobre drogas basados en evidencia y para la formación de funcionarios/as locales sobre la manera más adecuada de abordar todo lo que se refiere al consumo de drogas. Y dentro de todo lo señalado anteriormente deben incluirse los servicios que trabajan con las comunidades afectadas y las familias de personas consumidoras. Habida cuenta del énfasis que en la actualidad se hace en los enfoques basados en la aplicación de la ley, la financiación debe distribuirse de manera más equilibrada entre la aplicación de la ley y los servicios sociales y sanitarios, y ésta debe ir acompañada de una sólida evaluación de las necesidades. La financiación debe asignarse de manera transparente y previa consulta al conjunto de la sociedad civil.
8. Los municipios deben trabajar para sensibilizar y educar a las comunidades locales a fin de reducir el estigma y la discriminación contra las personas consumidoras e informarles de los beneficios sociales de los programas de reducción de daños y del tratamiento para los/as usuarios/as de drogas basado en la evidencia. También deben proporcionarse foros que promuevan el diálogo entre los proveedores de servicios, los vecindarios, los grupos encargados del cumplimiento legal y los grupos afectados a fin de hacer frente a posibles conflictos.
9. Las localidades deben establecer mecanismos para el monitoreo y evaluación de todas las políticas, servicios y programas locales relacionados con las drogas. De esta tarea debería encargarse un grupo de control independiente integrado por expertos que trabajen en asociación con la sociedad civil, grupos afectados y con el mundo académico. La evaluación debe tener en cuenta el contexto local y el impacto que estas políticas han tenido en la salud pública, los derechos humanos y la seguridad pública, entre otros. El seguimiento y la evaluación deben formar parte integrante de los planes presupuestarios de los municipios.
10. Deberían establecerse alianzas y redes sistemáticas entre las municipalidades a nivel regional, nacional e internacional para facilitar un intercambio de las políticas y prácticas basadas en la evidencia con mejores resultados en materia de drogas.